El Gobierno español aprobó el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, una medida clave del Ministerio de Trabajo. Pese a contar con el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO, las patronales CEOE y Cepyme se oponen, argumentando que supondrá costes elevados y dificultades en la organización del trabajo.

En Cataluña, la reducción afectará a 2,2 millones de trabajadores, siendo la comunidad más impactada en volumen. Sin embargo, un 20% de los empleados catalanes ya tienen jornadas inferiores por convenio. Los sectores más afectados son hostelería, comercio, agricultura y servicios.

El texto afronta una tramitación parlamentaria compleja, puesto que el Gobierno no tiene garantizados todos los apoyos. Partidos como el PNV, Junts y el PP no han definido su posición. El Gobierno espera que la ley se apruebe antes del verano, con un período de adaptación hasta finales del 2025.